En los últimos meses la ciudadanía chilena se ha tomado las calles, desarrollándose manifestaciones masivas por una reforma estructural del sistema educativo chileno. La masividad e intensidad de las movilizaciones, y la forma en que el poder político ha reaccionado frente al ejercicio masivo del derecho a la protesta social, ha puesto de manifiesto cómo el ordenamiento jurídico chileno y sus fuerzas de orden no se encuentran a la altura de lo que se espera en un Estado democrático y constitucional.
Ante esto diversas asociaciones y organizaciones han dado una voz de alerta, entre ellas Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que viene realizando en distintas ciudades del país, entre ellas Concepción, una observación del trato a estudiantes en comisarías en el escenario de detenciones por marchas y desalojos.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado a una audiencia para tratar el tema de Derechos Humanos y las manifestaciones públicas, dentro de su 143° periodo ordinario de sesiones. La audiencia se desarrollará el día 28 de Octubre, en la sede de este organismo en Washington D.C., a las 14:00 horas de Chile.
La CIDH periódicamente recibe a organizaciones de la sociedad civil para conocer las realidades generales de los países en cuanto a los Derechos Humanos. Las audiencias son, por regla general públicas y, además, cuentan con la presencia de representantes del Estado aludido, que en la misma audiencia da su parecer respecto a lo presentado por la sociedad civil. Muchas de ellas son transmitidas por webcast. En la audiencia estarán presentes los Comisionados de la CIDH, quienes escucharán ambas partes y se pronunciarán, generalmente, sobre lo expuesto, pudiendo solicitar compromisos del Estado o recordarles sus obligaciones internacionales de respeto a los Derechos Humanos.
Esta instancia fue solicitada el día 19 de agosto del presente por Asesoría Ciudadana, un programa del Instituto Igualdad dedicado al apoyo jurídico de organizaciones sociales, para plantear el estado del derecho fundamental a la protesta social en Chile. Previo a la solicitud de la audiencia, Asesoría Ciudadana envió dos cartas a la Comisión, informando sobre la situación chilena en el contexto de movilizaciones estudiantiles, lo que generó que el día 6 de agosto la Comisión emitiera un comunicado manifestando su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles del día 4 de agosto, solicitando información de estos hechos al gobierno, e instando al Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación, imponiendo solamente aquellas restricciones que resulten estrictamente necesarias y proporcionales y que toman en cuenta la obligación especial del Estado de garantizar los derechos de los estudiantes secundarios y universitarios.
Los alegatos del 28 de octubre versarán sobre el derecho a la protesta social en Chile . En la ocasión, se argumentará que el Decreto Supremo el Nº 1086, del Ministerio del Interior que regula las reuniones públicas impone restricciones al derecho a reunión que vulneran las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos así como la propia Constitución chilena. Asimismo, se expondrán los más de 80 casos de abusos policiales a estudiantes que se han recogido desde 4 de agosto a la fecha, entre los que se encuentra el caso del Secretario General de la Federación de estudiantes de la Universidad de Concepción, Recaredo Gálvez. Estas materias serán, además, objeto de un informe que elabora Asesoría Ciudadana con el apoyo de abogados y personas de otras áreas de las ciencias sociales, tanto chilenos como extrajeros.
*Columna publicada en Diario W5 el día 9 de octubre de 2011
