Buscando la mayoría de edad.

Ricardo Lagos ha sacado en estos días el documento “Chile 2030: Siete desafíos estratégicos y un imperativo de equidad”, que presenta como una invitación a pensar colectivamente. Es positivo reflexionar como comunidad, qué duda cabe, pero sincerémonos, Lag

os no participa en la discusión, ordena, define, pone marcos. Recordemos su actitud frente a las finalmente inexistentes primarias para la elección presidencial pasada.

Para la centro izquierda, que Lagos diga algo, lo que sea, tiene una carga emocional feroz. No es uno de los invitados a la mesa de la discusión, es quien se sienta a la cabecera. Es el patriarca que hace la carta de navegación, pone las cosas en su lugar, y al

que se escucha con atención. Los más rebeldes, para criticarlo. Otros analizan sesudamente el documento. Otros le encuentran razón. Pero absolutamente todos escuchan. El habla y con ese solo acto, logra revolver el ambiente.

Me atrevo a pensar que así como la democracia no alcanzó mayoría de edad hasta la desaparición de ese otro patriarca, la centroizquierda no podrá realmente renovarse, llegar a la adultez, sin emanciparse de Lagos, que para los hijos de la

familia concertacionista (y los que intentan abandonarla con poco éxito) con su dedo parece omnipresente, temiendo ser apuntados.

Nada de esto es una crítica a Don Ricardo, que se me entienda bien. De hecho, le tengo admiración. Me gusta su oratoria y estampa republicana (tan extrañada en estos días), la política seria, su imagen de estadista. Pero tengo problemas con los patriarcas, en todas sus tipologías.

Si se ha de renovar la escena política y surgir nuevos liderazgos que permitan pensar Chile y su modelo de desarrollo, encontrar el relato que acompañará la aventura de recuperar la Moneda y de diseñar el Chile del 2030, la reflexión debe ser hecha por adultos emancipados. Nadie adultece realmente sin lograr desembarazarse del temor reverencial a la figura paterna. Una centro izquierda que busca una épica para los próximos 20 años, no la encontrará en los consejos paternos, por sabios que estos sean. El desafío parece, está en “matar al padre”.

Columna publicada en El Diario de Concepción el día 29 de marzo de 2011

Derechos humanos y la decencia del Estado

Si se pudiera medir la decencia de un Estado, el parámetro para hacerlo sería el compromiso y respeto que éste tiene con los derechos humanos. Su protección se ha considerado el fundamento último de la existencia del Estado desde el abandono de la justificación divina del poder y el surgimiento del contractualismo. Hoy, los derechos fundamentales están al frente de la justificación de la acción política y jurídica de una comunidad, y el poder público debe ajustar a estos derechos todo su actuar, conduciéndose los asuntos públicos de modo que este compromiso se evidencie y sea potenciado en cada decisión. Asimismo, con vara de derechos humanos se mide hoy a un país en la comunidad internacional.

La salida a la luz pública de los vínculos del general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, con la Central Nacional de Informaciones, organismo cuya sola mención trae los recuerdos más horrendos en cuanto a violaciones de DDHH, resulta poco digno. Un Estado decente no nombra en altos cargos a personas con reputación dudosa, menos en estas materias. Impresentable también que personajes públicos declaren que estar ligado a un organismo de represión brutal no inhabilita para ser militar destacado en un Estado democrático, pues no ha sido condenado. Por cierto, al Sr. Castro lo ampara, como a todos, la presunción de inocencia y sin sentencia condenatoria no tenemos porqué presumirlo violador de derechos humanos.

Pero acá no estamos hablando del Sr. Castro, sino de los parámetros éticos exigibles a las autoridades. Legitimidad y legalidad son conceptos distintos, y la legitimidad moral que ha de tener un militar en un país democrático decente debe dar cuenta del compromiso del Estado con los derechos humanos, particularmente los altos rango, dada la relevante carga simbólica que tienen sus nombramientos en un país como Chile.

Designar en altos cargos a personas con reputación dudosa en materia de derechos humanos es por decir lo menos, cuestionable, y habla de falencias serias en madurez democrática y calidad del Estado de Derecho. Digámoslo directamente, un Estado con autoridades vinculadas a violaciones de derechos humanos y regímenes de facto, es derechamente rasca.

Columna publicada en El Diario de Concepción el día 10 de febrero de 2011

La peligrosa judicialización de los “temas valóricos”

Días atrás, la Corte de Apelaciones de Santiago solicitó al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre el artículo del Código Civil que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El requerimiento se motivó por un recurso de protección interpuesto por tres parejas homosexuales, una que solicitó fecha para casarse, y dos que pidieron inscribir sus enlaces celebrados en el extranjero. La negativa del Registro Civil, según los recurrentes, atenta contra la igualdad ante la ley.

Se ha vuelto común que frente a una decisión de la autoridad que se quiere revertir, o a la incapacidad de posicionar temas en la agenda legislativa, asuntos “valóricos” sean llevados por grupos de ciudadanos o políticos descontentos a ser resueltos en sede jurisdiccional. Controversias políticas son reformuladas como problemas jurídicos, traducidos a lenguaje de derechos fundamentales, y se remiten a tribunales vía recurso de protección o presentaciones ante el TC. La decisión del caso significará optar por validar o no la interpretación del derecho que una de las partes ha planteado, y definir cuál es la lectura “correcta” de este, transformando una opción política en normativa. En el caso, significará decidir si considerar que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer, atenta contra la igualdad y es una discriminación arbitraria respecto de los homosexuales.

Si bien esta vía puede acelerar la agenda legislativa, o ser eficaz herramienta de una minoría, desplaza la decisión de cuestiones de la mayor relevancia moral, política y social, desde el espacio de la deliberación democrática (el legislativo) a uno sin legitimidad democrática originaria y que no responde a lógicas de control.

La pregunta relevante es porqué preferimos confiar estos asuntos a la justicia, y sustraer de la política precisamente los temas que más nos importan. ¿Desconfianza en los políticos? ¿Un pobre debate público? Puede ser, pero al menos estos responden ante la ciudadanía. Respecto de los jueces del TC, en nuestro ordenamiento, no hay quién vigile a los custodios.

Columna publicada en El Diario de Concepción el día 3 de enero de 2011

Falta de transparencia en la reducción de Becas Chile

El gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado la intención de rediseñar el programa Becas Chile de Conicyt, proyecto estelar de la administración pasada. En mayo, el Subsecretario de Educación declaró que se harían ajustes, asegurando que no se afectaría el número de becas, que bordearían las 700 para magíster y 500 para doctorado.

Hace pocos días se entregó la nómina de los seleccionados, disminuyéndose radicalmente su número. De 6.745 postulaciones, se asignaron 325 becas para magíster -menos de la mitad que en el 2009- y apenas 434 para doctorado. No se conoce qué razones motivaron el cambio de criterio.

En educación las políticas obedecen a ideas de desarrollo que deben discutirse por todos los involucrados, pues impactan directamente en la realización del ideal meritocrático, tan relevante en un país desigual como el nuestro. Si bien Becas Chile es un programa de excelencia, no de ayuda social, su impacto en la igualdad de oportunidades es considerable. El 50% de los seleccionados en 2008 estudió en colegios municipales y subvencionados. En 2009, la cifra subió al 54%. Esto es de destacar, ya que con la deficitaria educación que reciben, se comprende lo difícil que es pertenecer a “los mejores de su área” para quienes no vienen de sectores acomodados. La asignación de becas debe obedecer a criterios de rentabilidad social, no puede pensarse como algo que va en beneficio exclusivo del becario. Contar con investigadores es clave para crear conocimiento, desarrollar tecnologías e implementar políticas exitosas.

Interesa a todos cómo respondemos a quiénes y a cuántos deben otorgarse becas con fondos públicos. Hasta ahora, sólo ha trascendido la idea de transformar Becas Chile en un sistema de créditos, respecto de lo cual la Asociación Nacional de Investigadores solicitó pronunciamiento, sin obtener una respuesta concreta. Hoy se suma el incumplimiento de la promesa de no reducir las becas. Cualquiera que haya tenido alguna experiencia con Conicyt sabe que se requieren importantes mejoras, pero la decisión de reducir drásticamente el número de beneficios debería, al menos, ser explicada.

Publicada en El Diario de Concepción el día 16 de diciembre de 2010

La paradojas de la participación.

Frente a la severa crisis de representatividad de los partidos políticos, el discurso mayoritario ha vuelto la mirada hacia la sociedad civil, poniendo las esperanzas de conseguir una mejor calidad de la política a través de la participación del “ciudadano de a pie” proponiéndose para esto implementar instituciones de democracia semi-directa como el referéndum, la iniciativa popular de ley o la revocatoria de autoridades.

No obstante, paralelo a este discurso que apela a una ciudadanía crítica y reflexiva, la tendencia ha sido implementar medidas que apuntan en el sentido exactamente contrario. A la trágica eliminación de la asignatura de educación cívica, transformándola en objetivo transversal, hoy se suma la decisión de reducir las horas de historia y ciencias sociales, dificultando aún más la formación de ciudadanos alertas a los asuntos públicos. En la misma línea se encuentra el establecimiento del voto voluntario, que según la experiencia de los países que lo han implementado, tiene el efecto de reducir los niveles de participación, genera sobre-representación de los sectores de mayor capital cultural, y por consiguiente, resulta en una elitización de la política.

No deja de ser paradojal que mientras más esperanzas pone la sociedad chilena en la participación de personas comunes y corrientes, se promueven mecanismos en las antípodas de lo necesario para formar ciudadanos concientes y capacitados para concurrir a la formación de la voluntad pública. El ejercicio de los derechos políticos resulta ilusorio si no se acompañan de una educación que habilite para comprender la relevancia de la vida en sociedad, la participación política y de cómo esta incide en la cotidianidad de las personas.

De seguir así, muy probablemente nos encontremos en un futuro cercano con un abanico de instituciones que permitan la participación de todos, y sin nadie –o casi nadie- capacitado para participar. Salvo, claro está, la desprestigiada “clase política”.

Publicada en El Diario de Concepción el 2 de diciembre de 2010.