Si se pudiera medir la decencia de un Estado, el parámetro para hacerlo sería el compromiso y respeto que éste tiene con los derechos humanos. Su protección se ha considerado el fundamento último de la existencia del Estado desde el abandono de la justificación divina del poder y el surgimiento del contractualismo. Hoy, los derechos fundamentales están al frente de la justificación de la acción política y jurídica de una comunidad, y el poder público debe ajustar a estos derechos todo su actuar, conduciéndose los asuntos públicos de modo que este compromiso se evidencie y sea potenciado en cada decisión. Asimismo, con vara de derechos humanos se mide hoy a un país en la comunidad internacional.
La salida a la luz pública de los vínculos del general Guillermo Castro Muñoz, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, con la Central Nacional de Informaciones, organismo cuya sola mención trae los recuerdos más horrendos en cuanto a violaciones de DDHH, resulta poco digno. Un Estado decente no nombra en altos cargos a personas con reputación dudosa, menos en estas materias. Impresentable también que personajes públicos declaren que estar ligado a un organismo de represión brutal no inhabilita para ser militar destacado en un Estado democrático, pues no ha sido condenado. Por cierto, al Sr. Castro lo ampara, como a todos, la presunción de inocencia y sin sentencia condenatoria no tenemos porqué presumirlo violador de derechos humanos.
Pero acá no estamos hablando del Sr. Castro, sino de los parámetros éticos exigibles a las autoridades. Legitimidad y legalidad son conceptos distintos, y la legitimidad moral que ha de tener un militar en un país democrático decente debe dar cuenta del compromiso del Estado con los derechos humanos, particularmente los altos rango, dada la relevante carga simbólica que tienen sus nombramientos en un país como Chile.
Designar en altos cargos a personas con reputación dudosa en materia de derechos humanos es por decir lo menos, cuestionable, y habla de falencias serias en madurez democrática y calidad del Estado de Derecho. Digámoslo directamente, un Estado con autoridades vinculadas a violaciones de derechos humanos y regímenes de facto, es derechamente rasca.
Columna publicada en El Diario de Concepción el día 10 de febrero de 2011
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