lunes, 28 de marzo de 2011

La peligrosa judicialización de los “temas valóricos”

Días atrás, la Corte de Apelaciones de Santiago solicitó al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre el artículo del Código Civil que establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El requerimiento se motivó por un recurso de protección interpuesto por tres parejas homosexuales, una que solicitó fecha para casarse, y dos que pidieron inscribir sus enlaces celebrados en el extranjero. La negativa del Registro Civil, según los recurrentes, atenta contra la igualdad ante la ley.

Se ha vuelto común que frente a una decisión de la autoridad que se quiere revertir, o a la incapacidad de posicionar temas en la agenda legislativa, asuntos “valóricos” sean llevados por grupos de ciudadanos o políticos descontentos a ser resueltos en sede jurisdiccional. Controversias políticas son reformuladas como problemas jurídicos, traducidos a lenguaje de derechos fundamentales, y se remiten a tribunales vía recurso de protección o presentaciones ante el TC. La decisión del caso significará optar por validar o no la interpretación del derecho que una de las partes ha planteado, y definir cuál es la lectura “correcta” de este, transformando una opción política en normativa. En el caso, significará decidir si considerar que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer, atenta contra la igualdad y es una discriminación arbitraria respecto de los homosexuales.

Si bien esta vía puede acelerar la agenda legislativa, o ser eficaz herramienta de una minoría, desplaza la decisión de cuestiones de la mayor relevancia moral, política y social, desde el espacio de la deliberación democrática (el legislativo) a uno sin legitimidad democrática originaria y que no responde a lógicas de control.

La pregunta relevante es porqué preferimos confiar estos asuntos a la justicia, y sustraer de la política precisamente los temas que más nos importan. ¿Desconfianza en los políticos? ¿Un pobre debate público? Puede ser, pero al menos estos responden ante la ciudadanía. Respecto de los jueces del TC, en nuestro ordenamiento, no hay quién vigile a los custodios.

Columna publicada en El Diario de Concepción el día 3 de enero de 2011


No hay comentarios:

Publicar un comentario